Red Politica Social y Humanista

Golpes de Estado en Argentina

Entre 1930 y 1983 Argentina vivió un largo período marcado fundamentalmente por 6 golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) con pequeños períodos de democracias débiles. Esos golpes fueron producidos por las Fuerzas Armadas, en muchos casos, con apoyo de civiles. Impusieron gobiernos de facto que interrumpieron la vida constitucional del país, con el objetivo de "poner orden".

1) 1930 (- 1943)

José Félix Uriburu (1930-1932) encabezó el primer golpe militar de nuestra historia. Derrocó al presidente Yrigoyen.

Este golpe inauguró la década infame, una época marcada por la corrupción y el fraude electoral.

Agustín P. Justo (1932-1938) firmó el pacto Roca Runciman, con desventajas comerciales para el país.

Roberto M. Ortiz (1938-1942) triunfó en elecciones fraudulentas. Impulsó tímidas medidas democráticas. Renunció al cargo por enfermedad.

Ramón Castillo (1942-1943), vicepresidente de Ortiz, lo sucedió tras su retiro. Retomó la tradición del fraude y fue depuesto por el general Rawson.

2) 1943 (-1946)

Pedro P. Ramírez (1943-1944) asumió tras el golpe del 4 de junio de 1943.

Edelmiro J. Farrell (1944-1946) reemplazó al general Ramírez y puso a Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Democracia:

1946-1955

Juan Domingo Perón (1946-1955) fue elegido dos veces con gran apoyo popular. Inauguró una época marcada por la política social y el desarrollo económico.

3) 1955 (-1958)

Eduardo Lonardi (1955) lideró el golpe contra Perón, la Revolución Libertadora. Aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo. La Iglesia apoyó a las fuerzas rebeldes. Perón renunció y se exilió en Paraguay.

Lonardi fue destituido por Eugenio Aramburu (1955-1958), quien anuló la Constitución de 1949 y reestableció la de 1853. En 1958 convocó a elecciones.

Democracia:

1958-1962

Arturo Frondizi (1958-1962) triunfó en las elecciones tras hacer un pacto con Perón. Fue centro de numerosos planteos militares.

4) 1962 (-1963)

José maria Guido impuso un golpe y sostuvo un gobierno civil de facto. Frondizi fue confinado en la Isla Martín García.

Democracia

1963-1966

Arturo U. Illia (1963-1966) triunfó con el 22 % de los votos. El peronismo, proscripto, apoyó la abstención y el voto en blanco. Illia gobernó bajo presión sindical. Fue un gobernante honesto, pero su escaso respaldo popular le jugó en contra. El Ejército se dividió entre azules y colorados. Los "azules" impusieron al general Juan C. Onganía como comandante en jefe.

5) 1966 (-1973)

Juan Carlos Onganía (1966-1970) derrocó a Illia e instauró un régimen autoritario, marcado por la censura.

Roberto M. Levingston (1970-1971) inició una tímida apertura política pero rápidamente fue depuesto.

Alejandro A. Lanusse (1971-1973) llamó a superar los "errores del pasado" en un Gran Acuerdo Nacional. Intentó un acercamiento con Perón que fracasó y convocó a elecciones.

Democracia:

1973-1976

Héctor J. Cámpora (1973) triunfó con el lema "Cámpora al gobierno. Perón al poder". Renunció y convocó a elecciones.

Raúl Lastiri (1973) fue presidente entre julio y octubre.

Juan D. Perón (1973-1974) regresó y marcó su llegada con la masacre de Ezeiza. Murió en medio de huelgas y acciones violentas.

María Estela Martínez de Perón (1974-1976) asumió la presidencia, tras la muerte de Perón. En 1975 el "Rodrigazo" marcó un ajuste económico que disparó la inflación. La presidente fue depuesta por una Junta Militar el 24 de marzo de 1976.

Juicio a la Juntas Militares año 1985

Acusación del Fiscal Julio Strassera

Introducción

El Dr. Julio Strassera fue Acusador Público de 1ra. Instancia durante la dictadura, y le tocó en su momento peticionar procesamientos y condenas a presos políticos, incluyendo a ciudadanos que meramente habían violado la "veda política" (ley 21.323), norma absolutamente totalitaria engendrada por el gobierno de facto.

Al asumir el régimen constitucional, fue ascendido al sitial de Fiscal en la Cámara de Apelaciones del principalísimo distrito Capital. En tal circunstancia volcó toda su experiencia y talento para describir el "plan criminal" -apoyándose en mas de 2.000 causas individuales básicas preexistentes- y solicitar elevadas penas para los procesados militares cupulares, originando un amplio apoyo popular.

De la extensísima pieza de Acusación -que demandó varias sesiones de prolongados discursos- solamente podemos transcribir acá importantes fragmentos, los que hemos estimado más pertinentes. Resulta particularmente señalable cuánto bregó el Fiscal para que, además de la responsabilidad de la fuerza Ejército -la lucha "antisubversiva" se libró en tierra-, también los Jefes de Marina y Aeronáutica debían responder por los delitos propios y además por los del Ejército.

Que cada Comandante es determinador de todos los delitos, incluídos los perpetrados por los otros dos, y así recíprocamente. Es lo que se denominó "responsabilidad por Juntas" -colectiva-, el tribunal solamente vio la responsabilidad por "Arma", que condujo a la absolución, para cada uno, respecto de los delitos cometidos por los otros, y de ello se derivó que los aeronáuticos fueran escasamente penados, o sobreseídos.

Señores jueces:

La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.

Razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales--, me han determinado a exhibir, a lo largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó, lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país.

Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador.

Empero, ellos serán mucho más generosos que sus verdugos, pues no exigirán tan solo el castigo de los delitos cometidos en su perjuicio. Abogarán, en cambio, para que ese ineludible acto de justicia sirva también para condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde viniere; para desterrar la idea de que existen "muertes buenas" y "muertes malas" según sea bueno o malo el que las cause o el que las sufra.

Si de este modo logramos sustituir aquel fanático "Viva la muerte" conque Millán Astray reivindicaba su perversa doctrina por un "Viva la vida" en rescate de los valores éticos sobre los cuales esta Nación fue fundada, habremos de darnos por satisfechos...

Pero la violencia, señores jueces, no era obra exclusiva de la izquierda revolucionaria como en vano se ha pretendido demostrar en este juicio.

Paralela y coetáneamente con aquella aparece en la escena nacional una organización particularmente siniestra, que nada tuvo que envidiar a la guerrilla; me refiero a las Tres A, o Alianza Anticomunista Argentina, grupo terrorista especializado en la supresión de ciertos ciudadanos que cometían el delito de pensar.

Curiosamente, desde las esferas oficiales sus integrantes no eran considerados subversivos, sino una reacción necesaria de defensa social.

Pero en este aspecto de la cuestión creo que más útil que mis argumentaciones es escuchar al almirante Guzzetti, nuestro canciller en 1976, cuando dijo al mundo entero:

"Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma forma que se considera un microbio".

Así también, impúdicamente, se pretende justificar la existencia de estas bandas en la página 8 del libro "El terrorismo en la Argentina", presentado por la defensa del general Viola.

Pero la particularidad de estos anticuerpos (mejor sería llamarlos antihombres), fue la forma indiscriminada en que ejercieron su culto a la violencia. A cualquier acción violenta de la guerrilla respondían con el cobarde asesinato de algún político o de algún intelectual de izquierda, en todos los casos inerme.

Así atentaron en octubre de 1973 contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen; en 1974 contra el rector de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Laguzzi, matando a su hijo Pablo de cuatro meses de edad; el mismo año asesinaron a Silvio Frondizi, a los comunistas Carlos Alberto Miguel, Rodolfo Achen y Enrique Lahm, al ingeniero Carlos Llerenas Rozas y tantísimos otros más, cuya enumeración no es del caso hacer aquí.

Pero mucho más grave que la desfachatada justificación desde el gobierno, es el hecho incontrovertible que las Tres A desaparecen de la escena a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Porque, señores jueces, de esa fecha en adelante la más empeñosa búsqueda para detectar un hecho de esa organización resulta estéril.

Por qué? La respuesta es obvia; porque se integran al Estado. Porque la complicidad tolerante cedió paso a la acción directa, pasando sus miembros a revistar en los cuadros permanentes de la represión bajo la forma de las temibles patotas".

De otra manera, los anónimos operativos de detención en horas de la madrugada practicados por pandillas disfrazadas, carecían de explicación.

Buena prueba de cuanto vengo afirmando constituyen las constancias de los expedientes números 3324 y 3937 tramitados ante el Juzgado N 4 de este fuero. En estas actuaciones, se comprueba que con fecha 26 de diciembre de 1975 resultó aprehendido Abelardo Benjamín Rodríguez, guardaespaldas a sueldo, en posesión de una pistola calibre 11,25 mm. Procesado, manifestó haberse desempeñado en el Ministerio de Bienestar Social y que el arma en cuestión se la había vendido un empleado de dicha dependencia, llamado Beto Cozzani. Este, en un primer momento es oído como testigo y admite tanto su función de empleado administrativo cuanto la venta del arma que se le atribuye. Procesado a su vez, se mantiene prófugo, comprobándose que en junio de 1978 se desempeñaba como cabo 1º de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Para completar el cuadro, señores jueces, basta reparar en que el mentado Cozzani fue la persona que secuestró a los hermanos Julio César y Carlos Enrique Miralles, según surge de sus respectivas declaraciones de fs. 617 y 737 de las actas de la Audiencia...

Tal, en apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el pais cuando tres de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular.

Y cuál fue la respuesta, luego de éste, que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva?

Para calificarla, señores jueces, me bastan tres palabras. Feroz, clandestina y cobarde.

Porque si bien resulta inexcusable admitir la necesidad y la legitimidad de la represión de aquellas organizaciones que hacen de la violencia su herramienta de lucha política, a fin de defender los valores de la democracia, del mismo modo ha de admitirse que cuando esa represión se traduce en la adopción de los mismos métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la eticidad, nos encontramos en presencia de otro terrorismo; el del Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice combatir.

Los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo, cuyo marco pretendía mostrarnos como excedido por los sediciosos.

Y de aquí, señores jueces, se derivaron consecuencias mucho más graves para el orden jurídico.

Porque, cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos y no es culpa de las victimas.

No bastan los chismorreos de los servicios de informaciones que, de manera vergonzante se han esgrimido en este juicio en muchas oportunidades.

Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo.

No existió entonces patrón de conducta al cual la víctima podía someterse para estar a cubierto de una posible injuria El terrorismo de Estado la ponía en una situación de absoluta impotencia en lo concerniente a la determinación de su conducta y, por ende, en la decisión de su destino. El carácter arbitrario e indiscriminado de la represión sitúa el centro de la suerte de la victima fuera de ésta, pero continúa considerándola responsable de una conducta que no sólo no decide, sino que incluso no puede llegar a comprender.

De tal suerte, las juntas militares fracasaron no sólo en la misión de establecer la inocencia de los inculpados injustamente, sino también en la de probar la culpabilidad de los responsables de actos criminales. "No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina". "Lentamente, casi como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes, en medio de la incredulidad de algunos, de la complicidad de otros, y el estupor de muchos". Estas frases las dijo el almirante Emilio Eduardo Massera el 2 de noviembre de 1976 en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Para esa fecha en los altillos de la casa de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, sobre una colchoneta estaba Cecilia Inés Cacabellos. Tenía 16 años, la habían encapuchado y sus manos estaban esposadas y engrillada.

La habían capturado gracias a los datos suministrados por su hermana, a quien le dieron garantías de que sólo se la iba a interrogar; creía que así le salvaba la vida. Cecilia Inés Cacabellos permanece hoy en situación de desaparecida.

Mientras de puertas afuera se condenaba la violencia y se proclamaba la legalidad, en el interior regia otra norma más fuerte que la ley, de acuerdo a la cual decenas de Cecilias Cacabellos eran sometidas a tratos inhumanos.

La ferocidad y la mentira son las dos notas del sistema de represión que los acusados implantaron durante años en la Argentina. Por eso hoy se hace necesario averiguar la verdad y juzgar a todos los que hayan violado la ley; en particular a los poderosos, a los máximos responsables, esta es la única forma de restablecer la vigencia de la ley en la conciencia de la sociedad.

La mentira, la disociación entre los dichos y los hechos aparecen ya en los antecedentes de lo que aquí juzgamos.

Obra agregada a la causa el anexo I de la directiva 333 correspondiente al dio 1975 donde el Gral. Videla, como jefe del estado Mayor, afirma: "En octubre de 1974 el pueblo eligió mayoritariamente a quienes habrían de representarlo y ese gobierno popular es enfrentado por quienes se atribuyen una representatividad que no tienen".

Señalaba también, "todo intento de condicionar a las autoridades libremente elegidas, se convierte en un atentado contra el pueblo que las eligió".

Esta disociación entre los dichos y los hechos también se manifestó desde los primeros instantes del accionar de la Junta Militar.

En aquel momento, los comandantes pusieron lo que llamaron "Bases para la intervención de las FF.AA", donde afirmaron que no debía esperarse "una efusión indiscriminada de sangre que bajo el aparente propósito de lograr justicia bajo la vía más expeditiva, sólo conduzca a la negación, de ese principio fundamental, a la reacción interna masiva ante lo que pueda considerarse como medida masiva extrema y al aislamiento internacional".

Sin embargo, contrariando su afirmación, los acusados ordenaron un sistema de represión en el que secuestraron a miles de personas que fueron robadas, torturadas y asesinadas.

Y como definieron los mismos comandantes en su documento, esa feroz represión constituyó la negación de la justicia como principio fundamental y dio lugar exactamente a lo que habían previsto: produjo una reacción interna masiva ante una medida opresiva externa y llevó al aislamiento internacional del país.

Agregaba por último, "frente a un pueblo maduro y consciente que ejerce su soberanía en plenitud se alzan las minorías que pretenden arrogarse el derecho de representarla".

Esas afirmaciones no impidieron que el 24 de marzo de 1976 el general Videla, junto con el almirante Massera y el brigadier Agosti derrocaran a ese mismo gobierno popular del que eran su brazo armado y asumieran la suma del poder.

Durante estos 5 días analizaremos la prueba de los hechos por los que se indagó a los acusados, hechos que revelan los diferentes rasgos de la represión y expondremos las razones jurídicas sobre las que fundaremos el pedido de condena

Quisiera destacar ahora algunos aspectos generales del sistema implantado.

Los gobiernos surgidos de los distintos golpes de Estado siempre quebraron el régimen constitucional y en algunas ocasiones, usurpando facultades legislativas, dictaron normas que derogaban layen vigentes, pero que a la vez también los autolimitaban, normas que en términos generales fueron cumplidas o en su defecto fueron nuevamente modificadas.

En cambio, la acción desarrollada bajo el mando de la Junta Militar integrada por Videla, Massera, Agosti y sus continuadores tuvo la particularidad de no cumplir ni siquiera con las inconstitucionales normas que dictó...

Entre las muchas deudas que los responsables de la instauración de este cobarde sistema de represión han contraído con la sociedad argentina existe una que ya no podrán saldar.

Aun cuando ellos tuvieran prueba de que todas las personas secuestradas hubieran participado en actos de violencia, la falta de juicio y de sentencia condenatoria impide que la República considere a esas personas como responsables de esos hechos...

Quisiera repetirlo: la falta de condena judicial no es la omisión de una formalidad. Es una cuestión vital de respeto a la dignidad del hombre.

Su abandono llevó a lo siguiente: una persona fue secuestrada por pertenecer a las F.A.P. (Fuerzas Armadas Peronistas) y resultó que pertenecía a la F.A.P. (Federación Argentina de Psiquiatras); un profesor fue detenido por difundir las ideas del ERP y resultó que daba clase de ERSA (Estudio de la Realidad Social Argentina); una persona fue detenida porque leía "No transar"; un niño de 14 años fue detenido y asesinado con métodos atroces porque quería ingresar en la Escuela de Suboficiales de Marina y era hijo de un integrante del Partido Comunista; los hijos, la nuera y la esposa de Ramón Miralles fueron detenidos para poder detener a Ramón Miralles; Ramón Miralles fue detenido y torturado para que explicase o inventase algún delito económico de Victorio Calabró...

Alguien tiene derecho a permitir que Adriana Calvo de Laborde tenga a su hija esposada y con los ojos vendados en el asiento trasero de un auto en movimiento y que soporte durante cinco horas el llanto de su bebé recién nacido, tirado en el suelo sin poder tocarlo?

O lo que narró Susana Caride: "En un momento determinado, por algo que alguien contestó, Julián tomó la cadena y golpeó a todos los que estábamos allí, fue algo dantesco, porque al estar engrillados, al estar con los ojos vendados, era gente que caía uno al lado del otro, con gritos, con sangre, con orín, fue algo realmente dantesco; me dejaron ahí tirada y al rato con un látigo me volvió a pegar, me tiraron agua con sal y no sé cuánto tiempo después dijo llévensela, porque sino la voy a terminar matando".

Pero no sólo los secuestrados fueron las víctimas, hubo mucho más. Ante estos estrados desfilaron padres y familiares narrando las gestiones infructuosas que realizaban a partir del secuestro. Por lo general, todo comenzaba en una comisaria donde, por las órdenes de los acusados, se negaban a recibir las denuncias.

Esta era sólo la primera estación de un calvario que luego se completaba con infructuosas visitas a unidades militares, a las iglesias, a embajadas o a cualquier persona que pudiera ayudar.

También concurrían periódicamente a dependencias del Ministerio del Interior donde, con cinismo se habilitó una oficina para la búsqueda de las personas desaparecidas. Se encuentran agregadas a la causa las constancias de que hubo más de 5.500 pedidos de paradero, donde se relataba la circunstancia de detención y en ninguno de los cuales se logro detectar una sola persona que estuviera secuestrada por personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

Los hábeas corpus y las medidas judiciales que se iniciaban eran respondidos con informes falsos de los diferentes comandos, y la policía, donde se afirmaba que la persona que se buscaba no estaba detenida ni se tenían antecedentes de ella.

Era un chocar permanente con puertas cerradas.

Este es otro resultado del modus operandi implantado. Primero el secuestro y las tremendas consecuencias sobre la víctima que ya hemos relatado; segundo, la mentira el gobierno rehúsa reconocer toda detención o arresto y niega la necesidad de proceder a una investigación. Eso hace que todos los recursos legales, en vista de la protección de los individuos, resulten vanos e inútiles.

El caso de Inés Ollero es un claro ejemplo de cuanto vengo afirmando. Fue secuestrada mientras viajaba en un colectivo, llevada a una comisaría y de allí, retirada por personal de la Armada Argentina.

A César Ollero, padre de Inés, en la comisaria le negaron todo, pero él comenzó a investigar por su cuenta y aquí contó: "Todos los días tenía un hora que para mí era sagrada, la hora en que el colectivo 187 paraba en Albarellos y Constituyentes para recibir el turno de la Grafa de las diez de la noche, es decir el colectivo en el que había subido toda la gente cuando ocurrió el hecho de mi hija, entonces yo con mi coche seguía al colectivo hasta que bajaba el primer pasajero", y así, sucesivamente, durante varias noches, este hombre fue tratando de identificar a los posibles testigos.

Además de ello, César Ollero atravesó las guardias para entrevistarse con el almirante Chamorro, arriesgó su vida concurriendo a una entrevista en la Escuela de Mecánica de la Armada a la una de la mañana; inició recursos de hábeas corpus, provocó un conflicto de poderes, pues la Armada se negaba a responder los requerimientos judiciales alegando que los operativos eran secretos, y a pesar de todas estas gestiones solo aquí llego a saber, a través del reconocimiento de una foto por Lila Pastoriza que, como sospechaba, su hija estuvo detenida en la Escuela de Mecánica de la Armada en el año l977...

En las ordenanzas militares especiales al Ejército de Cuyo, que promulgó en el año 1816, dijo el general José de San Martín: "La Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da las armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene; la tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacer respetar a los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares..."

Por ello los aquí acusados son responsables tanto de la situación de aquellos oficiales que habían hecho cosas tan terribles que no podrán besar a sus propios hijos, como de la ebriedad de poder del coronel que se titulaba "amo de la vida y de la muerte"...

Pero hay algo pero aún: no sólo ordenaron realizar acciones indignas de las Fuerzas Armadas, sino que cuando debieron afrontar la responsabilidad por el mando, negaron sus órdenes, negaron conocimiento de lo actuado por sus subordinados; negaron conocimiento de lo secuestros, las torturas y las muertes...

Sin embargo, existían grupos organizados que cumplían un horario especial, cuya tarea era interrogar y torturar, y la realizaban en unidades militares o dependientes de las Fuerzas Armadas.

Estas actividades, que se produjeron a lo largo y a lo ancho del país, no pueden ser el fruto de la actividad de pequeños grupos aislados de oficiales.

No se puede concebir que en un ejército exista un grado de insubordinación tal que permita que oficiales inferiores realicen a lo largo y a lo ancho del pais, durante varios años, acciones contrarias a las que ordenan sus comandantes.

Es por eso, señores jueces, que con la referencia a excesos, los comandantes quieren atribuir a sus subordinados la responsabilidad que les corresponde.

Las huecas referencias del general Videla afirmando que se hace responsable de todo pero que los hechos no sucedieron, exponen un pensamiento primario que, dando un valor mágico a las palabras, pretende con ellas que desaparezca la realidad que se quiere negar.

Pero no es Videla el único de los comandantes que pretende eludir la realidad con el carácter mágico de las palabras.

La misma calidad personal que permitió al almirante Massera pronunciar su discurso condenando la muerte en el mismo lugar donde decenas de personas eran asesinadas por sus ordenes, lo lleva hoy a afirmar que él asume su responsabilidad sin diluírla hacia abajo pero que, a la vez, sólo tuvo noticias, y por los familiares, de tres casos de personas que habían desaparecido.

Para dimensionar el valor de la palabra en un soldado, quisiera recordar aquí el último discurso parlamentario que pronunció Carlos Pellegrini.

Refiriéndose a la condición del militar, afirmó: "El está armado, tiene el privilegio de estar armado en medio de ciudadanos desarmados. A él le damos las llaves de nuestras fortalezas, de nuestros arsenales; con una señal de su espada se mueven nuestros batallones, se abren nuestras fortalezas y toda esta actividad y todo este privilegio se lo damos bajo una sola y única garantía, bajo la garantía de su honor y de su palabra".

Agregó también que por eso "la palabra de un soldado tiene algo de sagrado; faltar a ella es algo más que un perjurio".

Si los hechos revelan que estas ideas no son compartidas por alguno de los acusados, en la audiencia, en cambio, hemos visto cómo estos conceptos están internalizados en otros militares.

Buscando a su hija, el capitán de navío Quinteiro acudió a la Escuela Mecánica de la Armada y a Campo de Mayo y también se entrevistó con diferentes oficiales superiores.

El Capitán Quinteiro narró aquí su dolor por la negativa del general Riveros a recibirlo, y expresó que se sintió muy triste e indignado cuando se enteró de que el general Elizondo, responsable de la oficina donde trabajaba su hija, le había mentido al decirle que no la secuestraron en ese lugar.

Seis veces se entrevistó el capitán Quinteiro con quien llamó su comandante en jefe. En su primera entrevista Massera le negó el permiso para iniciar un hábeas corpus diciéndole que se iba a ocupar personalmente del asunto; en otro, le informó que nada había podido averiguar. En la sexta reunión, cuando ya estaba seguro de que las Fuerzas Armadas eran las responsables, le dijo: "Señor almirante, a usted le están mintiendo, muchos de los oficiales lo están engañando y le están mintiendo". Para el capitán Quinteiro ya era mucho que un general le mintiera y que otro se negara a recibirlo; necesitaba creer en su comandante.

Los acusados también deben otra explicación a su tropa y a la comunidad toda: porqué razón dejaron en libertad y no procesaron a las personas que ellos consideraban jefes de organizaciones subversivas y a las que atribuían actos de violencia?

En el oficio firmado por el jefe del Destacamento de Inteligencia 141 y avalado por el general Ríos Ereñú, en su carácter de comandante del III Cuerpo, se informa al doctor Becerra Ferrer, juez federal de Córdoba que, según datos obrantes en esas dependencias, Gustavo Contepomi era jefe de una columna de Montoneros en esa provincia y había participado en varios homicidios de integrantes de la policía; se agrega que, según antecedentes obrantes en ese destacamento de inteligencia, estuvo detenido desde el año 1976 hasta 1977 en "La Perla" y que luego se lo tuvo controlado hasta 1979, fecha en que se lo dejó en libertad, ignorándose por orden de qué autoridad.

El almirante Chamorro en sus declaraciones ante el Consejo Supremo, afirma también que en la Escuela de Mecánica había un grupo de personas que eran dirigentes de organizaciones subversivas que luego fueron liberadas con pasaje pago hacia el exterior...

La mentira y el engaño con que los acusados despreciaron a la comunidad, se vuelven ahora como un bumerán contra ellos, pero ademas se extiende a sus subordinados tendiendo un manto de sospechas sobre ellos.

Por eso debe individualizarse y castigar a los responsables de las infamias cometidas, para que no se equipare a quienes torturaron y robaron en beneficio propio, con los honestos.

Lo exige el prestigio de las Fuerzas Armadas argentinas y el de los oficiales que las integran.

La combinación de clandestinidad y de mentira produjo efectos que trastornaron a la sociedad argentina...

Sin embargo, aquí se ha acreditado que fueron secuestradas criaturas de meses, jóvenes de 14 años, una anciana de 77, mujeres embarazadas, obreros e industriales, campesinos y banqueros, familias enteras, vecinos de sospechosos, funcionarios del Proceso de Reorganización Nacional y funcionarios del actual gobierno, ex ministros del gobierno peronista, integrantes del Partido Comunista y un actual candidato a diputado de la Unión del Centro Democrático.

También un embajador del gobierno militar, funcionarios judiciales, oficiales de la Marina, cualquiera podía ser devorado por el sistema. La afirmación de que sólo los que infringían la ley iban a ser sancionados encubría la realidad.

En la Argentina, todos estábamos en libertad condicional...

Enseñar a leer, dar catequesis, pedir la instauración del boleto escolar o atender un dispensario, podían ser acciones peligrosas. Todo acto de solidaridad era sospechado de subversivo.

La señora Salas de Cavaglia siente sobre su conciencia la desaparición de su consuegra, Luisa Martinez de González.

El reproche que aún hoy se formula es haber ayudado a su consuegra a informar a los padres de una secuestrada, que su hija, que estaba desaparecida, había dado a luz y estaba internada en el Hospital de Quilmes.

Por el contrario, hubo quienes ingenuamente creían estar exentos de toda persecución; pero un día descubrieron que también ellos podían ser encapuchados y torturados.

Alcides Chiessa contó en esta sala: "Fui secuestrado por una patota integrada por personal de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, el mismo personal a los que los idiotas útiles como yo, que formábamos las comisiones cooperadoras, les entregábamos sobres con dinero al margen de su sueldo para la lucha antisubversiva".

Y si mediante las patotas, los acusados pusieron una capucha a cada una de las victimas de los secuestros, mediante la campaña de acción psicológica le colocaron una gran capucha a toda la sociedad.

Organizaron campañas publicitarias masivas, amordazaron a la prensa nacional que no podría publicar noticias sobre el tema de los desaparecidos y como no pudieron evitar que la verdad atravesara la fronteras y repercutiera en el exterior, afirmaron que las denuncias internacionales eran fruto de una campaña antiargentina organizada por elementos subversivos.

Como reconoció el ex embajador Anchorena: esa campaña consistía en denunciar que la Junta Militar era responsable de un sistema por el cual se secuestraba, torturaba y mataba.

Entre las organizaciones subversivas que hacían las denuncias encontramos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; el de Francia, el de Italia, el de España, el de Suecia, el de Alemania Una organización de la seriedad de Amnesty fue señalada por el gobierno militar como la central de esta campaña antiargentina. Los dos subversivos enviados a inspeccionar Argentina por esta maquiavélica organización de Amnesty fueron el sacerdote católico Robert Driman, que era en esa época representante por el estado de Massachussets en el Congreso de los Estados Unidos y lord Averbury, de la Cámara de los Lores de Inglaterra.

Y con toda esta mentira sobre la campaña antiargentina, no sólo negaban los hechos, sino que convertían al que reclamaba o se hacia eco de las denuncias en un subversivo.

Y la sociedad argentina, que durante años soportó las reivindicaciones de valores de muerte como supuestos medios para obtener mejoras sociales, tuvo que soportar luego otra acción psicológica destinada a politizar los secuestros y la muerte en aras de supuestos valores occidentales y cristianos.

Con dos sofismas se pretendía justificar la represión clandestina

El primero dice: todos los detenidos son subversivos.

No es que se podía detener subversivos, sino que todos los que ellos detenían eran subversivos, la detención convertía a una persona en subversivo.

Concebido esto, el segundo paso de este método perverso fue considerar que un subversivo es una especie de subhumano, de sanguijuela a quien se le puede torturar, matar.

Como se dijo haciendo referencia al régimen nazi, una vez que se convence a la sociedad de que una minoría o un grupo puede equipararse a una sabandija el paso que hay que dar para llegar al propósito de exterminarla no es ya demasiado grande...

Con relación a la responsabilidad que atribuyo al general Videla, no hace falta extenderme para fundamentar la severidad de la sanción a requerir. Su rol protagónico en la instauración y mantenimiento del aparato delictivo que estamos denunciando resulta innegable. Era el comandante en jefe del Ejército, que tenia la responsabilidad primaria en la lucha contra la subversión, y uno de los artífices principales de la metodología represiva que aquí enjuiciamos.

Respecto del almirante Massera, opinamos que se encuentra en la misma situación que el general Videla. Pesa sobre él, además, la sombra trágica de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más horrendos centros clandestinos de cautiverio y exterminio que hubo en el país. Debe computarse, además, como agravante, a su respecto, el aprovechamiento en beneficio propio de la estructura militar que se encontraba bajo su conducción.

Una aproximación superficial a este proceso quizá pudiera colegir que el brigadier Agosti ha tenido un grado de responsabilidad menor al de aquellos con quienes compartió la primera Junta Militar. Empero, son tan atroces los hechos por los que indudablemente resulta responsable, y respecto de cuya comisión detentaba un tercio del poder, que no puedo menos que equipararlo con aquellos.

Respecto del general Viola, y el almirante Lambruschini, creo que están en idéntica situación, aunque no dejo de computar un notable descenso en la cantidad de los más graves delitos imputados, durante el periodo de sus respectivas comandancias en jefe. Ello justifica, a nuestro juicio, una ligera atenuación en la sanción a requerir.